Con motivo del séptimo aniversario de la subida al trono del Reino de España de Felipe VI, se ha abordado el alcance de su figura en diferentes medios de comunicación. No voy a juzgar las diversas valoraciones que se han formulado por parte de periodistas y especialistas en ramas del conocimiento vinculadas con la política, la sociología, la historia, etc. No es este el lugar adecuado para ello. Coincido con muchas y con no pocas estoy muy en desacuerdo, tanto en el fondo como, sobre todo, en las formas, que denotan inclinaciones que, por su aspecto, parecen poco ajustadas a la verdad: hay quienes, en sus análisis, hacen uso de una alabanza tan desmedida y empalagosa que resulta muy difícil no pensar en el daño que esta actitud “cortesana” y fantasiosa debe hacer en el ensalzado; y, por el contrario, hay quienes emplean unas expresiones tan virulentas y airadas que es complicado no concluir que, dada la inquina del mensaje dirigido hacia el atacado, lejos debe quedar la deseada objetividad.

Felipe VI es el actual jefe del Estado del Reino de España. Las leyes vigentes legitiman su puesto y, en consecuencia, dado que soy español, me representa; del mismo modo que, como canario, lo hace el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres Pérez, y, como ciudadano empadronado en Santa Lucía de Tirajana que soy, don Santiago Rodríguez Hernández. Cuando los nombrados dejen sus puestos, ya no me representarán. Le corresponderá esta función a quienes vengan a sustituirlos. Sé que lo apuntado es una verdad de Perogrullo, lo sé, pero considero necesaria su formulación para poder sostener que los tres me representan con independencia de que me gusten o no, tanto en lo personal como en lo que respecta a su responsabilidad al frente de las instituciones que gestionan.

La diferencia entre los citados políticos y el jefe del Estado está en mi capacidad para expresar mi descontento contribuyendo con mi voto a que sean otras personas las que asuman el cargo que ostentan los señores Torres y Rodríguez. Con el rey, esto no es posible. ¿Puede estar en este hecho parte de la fisura que tiene la monarquía entre las nuevas generaciones?

La semana pasada, uno de los tantos opinadores sobre el reinado de Felipe VI apuntó en un medio de comunicación que los jóvenes no tienen un concepto sobre el monarca todo lo positivo que debería ser porque, entre otros motivos, en los centros educativos no se explica el valor y la importancia de su figura. Si los docentes asumieran la ineludible tarea de abordar este tema y la hicieran del modo en que a su juicio ha de hacerse, el rey tendría una nota más elevada y el beneplácito entre este colectivo llamado a llevar las riendas a medio y largo plazo sería mucho mayor.

Escribo esta breve nota pensando en que, quizás, la realidad no sea como la presenta este tertuliano y que por eso sale el rey tan beneficiado en las encuestas. Para los escolares en edad de entender asuntos tan simbólicos (bachilleres y universitarios) y que diariamente conviven con los vocablos “mérito” y “capacidad”, términos por otro lado recogidos en el artículo 103 de la actual Constitución española ligados a la forma de acceso a la función pública (expresión muy importante: función + pública), para estos escolares, repito, debe ser muy complicado asumir que el mérito y la capacidad exigibles a todos los que aspiran a desempeñar un servicio para la ciudadanía (educación, sanidad, administración, fuerzas del orden etc.) no son requisitos exigibles para una jefatura del Estado como la que hay en España, por muy parlamentaria que sea la monarquía.

La verdad republicana que ilumina el enunciado de este breve apunte no se asienta en el conflicto que hay entre partidos de izquierda que reclaman el regreso de la República y las fuerzas de derecha que lo rechazan, pues el término, que hace alusión a un sistema y no a una ideología, acoge perfectamente a las dos corrientes. La verdad republicana que declaro se fundamenta en un principio universal más elevado y purificador sostenido en la concepción del Estado como un espacio regido por personas elegidas democráticamente y/o sometidas a esas aludidas pautas de mérito y capacidad.

No sé cómo es el rey Felipe VI como persona. Ni lo sé ni me importa saberlo porque este conocimiento no forma parte de la relación que mantenemos. Intuyo que será querido por los suyos (familia, amigos…) y apreciado por personas que trabajan a su servicio y que pueden decir con conocimiento de causa que “es cercano”, “es gracioso”, “es muy serio”, “es muy listo”, no sé, cualquier calificativo propio de alguien que lo trate y lo valore positivamente. También creo que habrá quienes no tengan una buena opinión de él. Mas esto, repito, poco me importa. Lo significativo es que, en tanto que representante de los españoles, me representa y, en consecuencia, debo ser respetuoso con el papel de actual jefe del Estado que desempeña. Como persona, tengo claro que se merece la misma consideración que dispenso hacia cualquier individuo con independencia de su condición.

Este respeto a la función que ejerce no es contrario al hecho de que prefiero una y mil veces que su lugar lo ocupe alguien que yo haya votado o, si no puede ser así, alguien que le haya ganado las elecciones a la candidatura por la que aposté. Mi verdad republicana pasa por un Estado en el que cualquier español puede estar al frente de la jefatura del país; cualquiera, tenga la ideología que tenga. Cualquiera, repito, y en este cupo incluyo a mis discentes, a los que doy y he dado clases y a los que recuerdo y he recordado de manera constante que asuman los valores inherentes del mérito y la capacidad para aspirar a tener la mejor de las vidas posibles conviviendo de manera pacífica y respetuosa con todo y con todos.