[Voy a ser objetivo] Estos son los títulos y subtítulos de una noticia: «The Economist considera España una “democracia defectuosa” por la falta de renovación del Poder Judicial. El informe anual publicado por el semanario británico baja a España de la categoría de “democracias plenas” por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces y su efecto sobre la independencia judicial». El escrito periodístico lo firma Alberto Pozas para eldiario.es, lleva fecha del 10 de febrero de 2022 y es muy similar en su contenido a la información que ofrecen otros medios de comunicación.

[Ahora seré subjetivo] Me quedo con el sintagma «por la falta de renovación del Poder Judicial». Me interesa la causa que permite sostener que nuestra democracia «es defectuosa». Como creo firmemente en ella, a pesar de sus necesidades de mejora, y no quiero que desaparezca, pues cuando no está rige la dictadura, el peor de los sistemas políticos habidos y por haber, sean de la ideología que sean, me preocupa que algo tan simple como renovar unos cargos haga decrecer el valor de la democracia que todos defendemos. Afirmo que es una tarea sencilla porque presupongo que, además de sobrados candidatos para ocupar los puestos, ya están fijados los criterios para llevar a cabo los reemplazos, o sea, que no hay nada que inventar ni que poner en práctica por primera vez después de haber sido teorizado.

[Paso nuevamente a ser objetivo] La renovación de los vocales del CGPJ es la que corresponde a aquellos que, en noviembre de 2013, tanto por la cuota del Congreso de los Diputados como por la del Senado, accedieron a su puesto bajo el amparo de una ley relativamente reciente: Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. De esta ley, extraigo tres artículos:

Artículo 568. / 1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.

Artículo 570. / 2. Si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo […] / y 3. El nombramiento de Vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo más allá de los cinco años de mandato del Consejo General del Poder Judicial […].

Artículo 571. / 1. El cese anticipado de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución […] / y 2. El nuevo Vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial.

[Sigo en “modo objetivo”] Por un lado, vaya una verdad: carezco de doctrina y pericia jurídica; soy de letras, mas no letrado. Acompañe a esta primera certeza, por otro lado, la siguiente consideración: si los vocales fueron nombrados en noviembre de 2013, 1.826 días después (o sea, en noviembre de 2018) deberían haber dejado su puesto. Escribo la pieza que lees el 11 de febrero de 2022. Tras la fecha del programado cese, han pasado 1.196 días; o sea, veinte altos cargos del CGPJ han prolongado su nombramiento, ahora en funciones (cumpliendo así con el apartado 2 del artículo 570) y con restricciones en su quehacer (Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo…), durante el equivalente al 65.49% del tiempo de duración de sus responsabilidades cuando no debían ser renovados. Faltan 630 días para que su permanencia se haya duplicado. Si la situación se prolonga, dentro de 20 meses tendremos a vocales del CGPJ que llevarían en su puesto una década.

Ningún miembro elegido para formar parte de la dirección del que se reconoce como «órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos» (según se lee en su web) está haciendo uso de una plaza de manera ilegal. Aunque un servidor no alcance ni la condición de aficionado en los asuntos relativos al Derecho y a la Justicia, creo que, desde el punto de vista legal, no es cuestionable esta prolongación de su estancia en los puestos que ocupan.

[Ahora vuelvo a ser subjetivo] Desde el punto de vista moral, sí: cuestionable y, si me apuran, reprochable. No me fijo en este momento en los responsables políticos causantes de esta paralización, sino en los veinte vocales que, a mi juicio, prefieren estar de perfil en todo este asunto, como si con ellos no fuera la anómala situación de llevar en funciones mil y pico días. Tres años en esta suerte de limbo es un disparate, se mire por donde se mire, cuando hay suficientes juristas con sobrados méritos para ocupar unos asientos que, con un poco de sentido común y de buena voluntad, se hubieran reemplazado sin problema alguno, pues la normativa que articula el procedimiento de sustitución ya existe. Saben cómo se ha de proceder y tienen bastantes nombres propios para hacer los correspondientes cambios, ¿qué justifica, por tanto, la prolongación en el CGPJ de quienes, tras el cese, no han de temer el quedarse en la calle y sin amparo económico para poder sobrevivir? Ellos no malviven con la angustia que llena de zozobra el corazón de muchos diputados y senadores cuando piensan en la posible pérdida su escaño.

[Subjetivo sigo] El diccionario de la RAE, en la voz “impropio/a”, recoge como segunda acepción la siguiente: ‘Ajeno a una persona, cosa o circunstancia, o extraño a ellas’. Sin ser ilegal el puesto que ocupan, yo creo que es impropio, que se sale de toda lógica y mesura el que continúen en él durante tanto tiempo. No es razonable. Creo que, tras un plazo moderado de la prórroga (seis meses, un año si me apuran…), deberían haber dimitido; así, en bloque, y escribiendo al presidente, el Sr. Lesmes, una declaración del tipo: «Creemos que nuestra labor aquí ya ha terminado, hemos estado en funciones durante un tiempo prudencial y, concluido este, nos volvemos a donde nos corresponde. Ahora, sin vocales, que sean los políticos los que solucionen este vacío que dejamos».

Si los prorrogados hubiesen querido, este problema estaría resuelto hace mucho; y lo estaría, además, dando una magnífica lección de autoridad y de solvencia democrática y moral que, a ojos del pueblo, los elevaría en la consideración que se merecen como magistrados y jueces que son; y no, como ocurre ahora, trasladando la imagen de que siguen en el sillón por intereses personales que nada tienen que ver con la responsabilidad que les compete.

Señalamos a los partidos exigiéndoles alturas de mira y en lo de la renovación del CGPJ yo creo que los dos principales del país están actuando de una manera penosa, lamentable…; pero nos olvidamos de que el tango que no bailan las dos formaciones políticas aludidas sí lo coreografía con ellas, en cambio, los vocales del órgano jurídico cuando se mantienen al margen de los acontecimientos, como si con ellos no fuera el triste espectáculo de una Justicia que, con bailoteos como este, contribuye a mermar la calidad de nuestra democracia.

Creo que deben devolver lo impropio; lo que, siendo legal que tengan, ya no tiene sentido que posean. A estos vocales, como al resto de colegas de magistratura, les corresponde ser ejemplares. En las manos de todos ellos está la protección y el cumplimiento de unas leyes cuya última razón de ser no puede ser otra que la de articular y dar solidez a esta democracia que hemos de defender con uñas y dientes para evitar que la dictadura clave sus garras y vuelva a emponzoñar la sociedad de progreso y libertad que queremos darnos y legar.

Coda: dejo pendiente el abordaje de otras devoluciones de lo impropio. Cuanto toque, habrá que hablar entonces de las inmatriculaciones de la iglesia. [Subjetividad “off”]